Vendedores Ambulantes de Las Vegas Reciben Multas Mientras Solo 13 Permisos Son Otorgados Bajo Nueva Ley

Los vendedores ambulantes en Las Vegas enfrentan mayor vigilancia casi un año después de que el Condado Clark legalizara la venta en las aceras bajo el Proyecto de Ley 92 del Senado. A pesar del nuevo marco legal, el Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD) solo ha emitido 13 permisos desde que la ordenanza entró en vigor el 30 de abril de 2024.

Muchos vendedores han descubierto que el proceso para obtener permisos puede ser más difícil de lo esperado. El costo total para obtener licencias comerciales estatales y del condado, permisos de salud y seguro de responsabilidad civil puede superar los $1,200 en el primer año. Los vendedores también deben invertir en mejorar o comprar equipos para cumplir con las normas, como carritos, que pueden costar más de $10,000. Esto crea obstáculos financieros y logísticos para la solicitud del permiso, lo que resulta en un proceso lento para crear y emitir permisos.

El SNHD ha estado aplicando diligentemente las sanciones por falta de permisos. "Cuando encontramos vendedores de alimentos sin permiso, se les confisca la comida y se les informa sobre cómo obtener un permiso de salud válido," declaró un portavoz del SNHD por correo electrónico. Este enfoque ha generado preocupación entre los vendedores. "Está mal porque han sido muchas personas que conocemos, y es como, ¿qué pasa si nos agarran a nosotros? ¿Qué hacemos? No podemos pagar una multa," dijo un vendedor a News 3 Las Vegas. El vendedor permaneció anónimo por seguridad.

Los vendedores han expresado su frustración por la complejidad y los costos asociados con la obtención de los permisos necesarios. Muchas personas pidieron más flexibilidad y apoyo de las autoridades locales con respecto al proceso de permisos para poder continuar operando sus negocios legalmente.

Mientras continúa la aplicación de la ley, el futuro de la venta ambulante en Las Vegas es incierto. Los vendedores y grupos de apoyo están pidiendo a los líderes locales que examinen posibilidades de reforma y entiendan que la regulación de la salud pública debe equilibrarse con las realidades económicas de los pequeños vendedores.